“Cada vez que pasa el avión me arden los ojos”: el costo oculto del banano de Costa Rica


Fesde hace más de 20 años, los días de Lidieth Gómez han estado marcados por el zumbido de los aviones fumigadores. Al amanecer y al anochecer, los cielos de Matina, capital de la provincia de Limón en la costa caribeña de Costa Rica, están llenos de aviones que rocían una lluvia viscosa de agroquímicos sobre las plantaciones de banano.

El interminable mar verde de campos de banano que rodea la espartana casa de madera de Gómez pertenece a Limofrut, parte del Grupo Acón, uno de los principales actores de la industria exportadora de banano y piña de Costa Rica.

Gómez, madre soltera de tres hijos, es una de las 451 mujeres que participan en la investigación del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional de Costa Rica. Durante 14 años, este estudio sobre la exposición a pesticidas ha investigado cómo los productos químicos utilizados en las plantaciones de banano afectan la salud tiroidea y el desarrollo fetal en mujeres embarazadas.

“Cada vez que pasan los aviones, me empiezan a arder los ojos y me pican los brazos”, dice Gómez. Otros síntomas comunes por entrar en contacto con pesticidas son náuseas, vómitos, mareos, desmayos, dermatitis y ardor en los ojos.

Lidieth Gómez, de 51 años, y Daniel, de 14, que viven junto a una plantación de bananos. Llevaban en la sangre pesticidas prohibidos por la UE

Entre los pesticidas encontrados en la sangre de mujeres y niños, entre ellos Gómez, de 51 años, y su hijo Daniel, de 14, están el clortalonil y el mancozeb, dos fungicidas asociados a potenciales efectos cancerígenos, así como el clorpirifos, conocido por sus efectos neurotóxicos en los niños, y los neonicotinoides, un tipo de insecticida que puede dificultar el desarrollo neurológico.

Muchos de estos agroquímicos están prohibidos en Europa, pero continúan produciéndose y exportándose a países como Costa Rica, donde ayudan a satisfacer las demandas del mercado del tipo de plátanos estéticamente perfectos que se venden en todo el mundo.

Con más de 83.000 hectáreas de tierra cultivada con banano y piña, Costa Rica es el tercer mayor exportador de banano del mundo y el principal productor de piña. En 2023, produjo aproximadamente 2 millones de toneladas de banano y 2,5 millones de toneladas de piña, principalmente para exportar a Estados Unidos y Europa.

Entre 2000 y 2015, la producción de piña del país aumentó un 700%, lo que contribuyó a la destrucción de más de 5.000 hectáreas (12.400 acres) de bosque y provocó graves problemas de salud relacionados con los pesticidas en las comunidades locales.

Uno de los muchos aviones fumigadores que utilizan diariamente empresas frutícolas como Chiquita, Del Monte, Dole, Acón y Fyffes sobrevuela Bataan

Costa Rica se ubica entre los principales países del mundo en el uso de pesticidas, con un uso que llega a 34,45 kg por hectárea cada año, según un estudio del PNUD de 2022.


SEl uso intensivo de productos químicos ayuda a maximizar los rendimientos y producir fruta sin defectos, pero los efectos de este modelo de producción recaen directamente sobre la población local y el medio ambiente. El 23 de junio de 2023, los alumnos y el personal de la escuela primaria IDA La Victoria en Santa Rita de Río Cuarto comenzaron a notar un olor químico nauseabundo.

“Fue terrible. Evacuamos a los niños, pero el aire afuera era peor que adentro. Casi todos los niños comenzaron a hiperventilar en cuestión de minutos”, dice la directora de la escuela, Rosalyn Sibaja Gómez.

En agosto, la misma escuela experimentó un evento similar, lo que resultó en 38 niños y maestros fueron trasladados al hospital por los dos incidentes.

Documentos del IRET y del Ministerio de Salud vistos por The Guardian revelan que muchos de los agroquímicos encontrados en la escuela, incluidos ametrina, diazinón, clorpirifos, oxifluorfeno, terbufos y cadusafos, están prohibidos en Europa.

Se contactó varias veces a la empresa de fumigación Agroindustrial RyB para pedirle comentarios, pero no respondió.

La escuela de Río Cuarto donde los alumnos fueron hospitalizados dos veces el año pasado tras fumigar en las inmediaciones. Los análisis detectaron ocho tipos de pesticidas en la escuela

El incidente de Santa Rita de Río Cuarto no es nada excepcional. Varias otras escuelas de la región también han sufrido incidentes graves relacionados con pesticidas.

Cerca de la escuela Alfredo Miranda García, el aire es penetrante, los campos están quemados y el suelo está cubierto de lo que parecen restos de piñas carbonizadas. La plantación, Agroindustrial Piñas del Bosque – Finca La Virgen, se extiende por 600 hectáreas y pertenece a la multinacional estadounidense Dole, la mayor empresa de productos frescos del mundo.

“Usan paraquat para secar y quemar las plantas, así es más rápido”, dice Héctor Dávila, trabajador de los campos de piña y miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios (Sintraac).

Los vecinos, exasperados, recogieron testimonios, fotos y vídeos que indicaban el uso frecuente del paraquat. “Siempre lo hacen en la tarde o en la noche. Al día siguiente el olor es insoportable”, cuenta Mariza García Miranza, directora de la escuela primaria.

“Hemos informado del problema a las autoridades locales varias veces, pero somos David contra Goliat”, afirma.

Maciot Robles Padilla, de 41 años, madre de tres hijos que vive cerca de la escuela, dice que su familia está constantemente enferma. “Todos estamos enfermos de asma, tos y alergias.

“Nos ven como un recurso para explotar”, afirma. “¿Qué beneficio tiene para la comunidad? Ninguno. Lo que queda aquí es destrucción y gente enferma”.

Un trabajador se prepara para rociar árboles con productos químicos cancerígenos y disruptores endocrinos prohibidos en la UE

Al amanecer, en la Finca Banadosmil Dos de Dole, los trabajadores esparcen una mezcla de herbicidas alrededor de los rizomas de banano mientras un avión fumigador lanza una niebla pegajosa desde arriba. Otros trabajadores, en su mayoría nicaragüenses, se mueven rápidamente de un árbol a otro, cubriendo los racimos de banano con bolsas de plástico azules que, según dicen, son empapados en clorpirifos y otros insecticidas.

“Siempre estamos expuestos al veneno mientras trabajamos. Escribí una denuncia a la empresa pero fue inútil”, dice Germán Jiménez, de 51 años, a quien le pagan 18.000 colones (unos 30 euros) al día por aplicar herbicida desde las 4.30 hasta las 11.30. Vive con sus cuatro hijos en la plantación, en una choza de madera y metal sin agua potable ni electricidad.

El Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (Sitrap) conoce bien los efectos de los pesticidas en sus 2.500 afiliados. Durante años, Didier Leiton Valverde, su secretario general, trabajó en plantaciones de la United Fruit (hoy Chiquita International) utilizando Nemagon, un pesticida altamente tóxico vinculado a graves problemas de salud como la infertilidad.

“No queremos que las multinacionales de la fruta dejen de comprar banano de Costa Rica”, dice, pero agrega: “Exigimos respeto a los derechos humanos de los trabajadores”.

Dole negó las acusaciones sobre el paraquat y dijo: “La Virgen es una granja orgánica que no utiliza químicos sintéticos”. Agregó: “Dole dejó de usar paraquat en todas sus granjas de piña en febrero de 2008”.

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Un trabajador lleva un racimo de plátanos de 80 kilos a una planta empacadora. Los trabajadores del campo suelen reaccionar a los pesticidas con náuseas, vómitos, mareos, desmayos, dermatitis y ardor en los ojos.

La empresa no ha respondido específicamente a las acusaciones realizadas por los trabajadores, quienes afirman tener fotos y vídeos que sugieren que la empresa sigue utilizando estos pesticidas.

Chiquita International afirmó: “Todos los productos utilizados cumplen con los estándares de seguridad y calidad establecidos por la normativa vigente. Asimismo, la empresa opera en cumplimiento de las leyes laborales locales”.

Grupo Acón, empresa matriz de Finca Limofrut, no respondió a las solicitudes de comentarios.


BEntre 2019 y 2021, la UE prohibió varios pesticidas para uso agrícola en los estados miembros debido a su potencial carcinogenicidad, propiedades disruptoras endocrinas, posibles daños cerebrales a niños y fetos y sus efectos sobre los ecosistemas y los organismos acuáticos.

Sin embargo, un documento del Ministerio de Agricultura de Costa Rica con datos del Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica correspondientes al año 2020 muestra que productos prohibidos en Europa, entre ellos el clorpirifos (exportado desde Bélgica), el mancozeb (exportado desde Italia) y el diazinón (exportado desde España vía China) todavía se utilizan ampliamente en las fincas del país centroamericano.

La exportación de sustancias peligrosas y pesticidas está regulada a nivel mundial por el Convenio de Rotterdam, que permite a los países decidir si los importan, mientras que el reglamento de consentimiento informado previo de la UE regula estas exportaciones a países no pertenecientes a la UE o las importaciones a la UE.

Las pruebas del IRET descubrieron que los peces expuestos a dosis no letales de pesticidas organofosforados reaccionaron menos a los depredadores y cambiaron sus hábitos alimentarios.

Adalbert Jahnz, portavoz de la Comisión Europea para el medio ambiente, afirma: “La prohibición de las exportaciones desde la UE no implica automáticamente que los países terceros dejen de utilizar dichos pesticidas… Por tanto, sigue siendo crucial convencer a estos países de que no los utilicen”.

Fernando Ramírez Muñoz, investigador del IRET, considera “colonialismo químico” las prácticas europeas de no impedir la exportación de pesticidas prohibidos.

“No es justo que en los países más pobres se comprometa la salud de la mayoría de las personas, los ecosistemas acuáticos, los microorganismos y los suelos para permitir que unos pocos continúen con sus negocios”, afirma.

Como dice Laurent Gaberell, experto en alimentación y agricultura de la organización suiza de derechos humanos Public Eye: “Incluso si la UE prohibiera las exportaciones, la cadena de suministro sigue siendo compleja y está controlada por unas pocas grandes multinacionales.

“Es necesario un enfoque sistemático más amplio”, afirma. “Estos productos químicos son persistentes, permanecen en el agua y el suelo durante décadas y lo contaminan todo”.

Para Berendina van Wendel de Joode, epidemióloga medioambiental del IRET, existe una doble moral clara. En lo que respecta al sistema agroindustrial, afirma: “Los niños y, en general, los ciudadanos costarricenses no tienen el mismo valor que sus homólogos europeos”.

Los trabajadores de una planta empacadora etiquetan y aplican un producto químico sobre los plátanos que llegan de la plantación.

Si bien no se imponen barreras a la producción, exportación o importación de estos productos en Costa Rica, algunos están adoptando prácticas de agricultura orgánica que honran la biodiversidad vegetal arraigada en las tradiciones ancestrales de las comunidades indígenas.

Marina López es miembro de la comunidad Bribri y vive en Uatsi, a unas seis millas de Puerto Viejo de Talamanca, la puerta de entrada de los colonizadores españoles y el puerto desde donde se han enviado plátanos y otras frutas a Europa y Estados Unidos durante siglos.

En su finca, en medio de un frondoso bosque, López cultiva banano, café, cacao y otros productos, que vende a través de puntos de comercio justo o directamente a pequeños grupos de turistas, a quienes ella y su hijo guían por el bosque para aprender sobre plantas medicinales.

“Aquí todo es orgánico. Nuestros antepasados ​​nunca trabajaron con agroquímicos y yo he optado por no hacerlo tampoco. Podría haber producido más, pero eso hubiera significado matar otras formas de vida”, afirma.

“Las bolsas de plástico azules llenas de pesticidas que se utilizan en las plantaciones intensivas acaban en los ríos, en el suelo y en nuestros alimentos. No creo que eso sea desarrollo. El verdadero desarrollo es proteger la biodiversidad”.



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