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Bloomberg | Imágenes Getty
Tras años de disputas, HP ha ganado su caso de fraude civil contra el fundador y director ejecutivo de Autonomy, Mike Lynch. El fallo, el mayor juicio por fraude civil en la historia del Reino Unido, se produjo apenas horas antes de que el ministro del Interior británico aprobara la extradición de Lynch a Estados Unidos, donde se enfrenta a más cargos de fraude.
El Tribunal Superior del Reino Unido determinó que HP había “logrado sustancialmente” demostrar que los ejecutivos de Autonomy habían aumentado fraudulentamente los ingresos, las ganancias y el valor declarados de la empresa. HP pagó 11.000 millones de dólares por la empresa en 2011 y luego anunció una reducción de su valor de 8.800 millones de dólares. En el tribunal, HP reclamó una indemnización por daños y perjuicios de 5.000 millones de dólares, pero el juez dijo que la cantidad total adeudada sería “considerablemente menor” y se anunció en una fecha posterior. Kelwin Nicholls, abogado de Lynch y socio del bufete Clifford Chance, dijo que su cliente tiene la intención de apelar la sentencia del Tribunal Superior. En una declaración posterior, Nicholls dijo que su cliente también apelaría la orden de extradición en el Tribunal Superior del Reino Unido.
Los acontecimientos de esta semana son el último giro en un proceso de extradición que comenzó en noviembre de 2019, cuando la Embajada de Estados Unidos en Londres presentó una solicitud para que Lynch fuera juzgado en Estados Unidos por 17 cargos, incluidos fraude electrónico, conspiración y fraude de valores. Lynch niega todos los cargos en su contra. Nicholas Ryder, profesor de delitos financieros en la Universidad del Oeste de Inglaterra, lo describe como el “Colt .45 para el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, una medida omnipresente y poderosa. “Ese es el cargo al que recurren. Las ramificaciones para el señor Lynch son significativas”.
En el momento de la adquisición de Autonomy, el entonces presidente de HP dijo que tenía “mucho miedo” sobre el acuerdo, según las acusaciones presentadas posteriormente ante el tribunal. La empresa afirmó que algunos ex miembros del equipo directivo de Autonomy “utilizaron irregularidades contables, tergiversaciones y fallos de divulgación para inflar los indicadores financieros subyacentes de [Autonomy].” Entre ellos se encontraba Lynch, entonces director ejecutivo de la firma.
En 2015, HP presentó una demanda en el Reino Unido contra Lynch, alegando que estaba involucrado en la publicación de cuentas falsas que exageraban el valor del negocio de Autonomy. Ahora, más de una década después de que se secó la tinta del acuerdo, y casi siete años después de que Lynch fuera llevado a los tribunales, el caso civil en el Reino Unido se complica por un caso paralelo que involucra al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuyas ramificaciones podrían ser enormes para Lynch. En un juicio relacionado, su ex colega en Autonomy, el director financiero Sushovan Hussain, fue declarado culpable de fraude en un tribunal estadounidense en mayo de 2019, encarcelado durante cinco años y multado con 4 millones de dólares, además de pedirle que devuelva 6,1 millones de dólares más.
En julio de 2021, un tribunal de Londres dictaminó que Lynch podía ser extraditado, y el juez dijo que las conclusiones del caso civil del Reino Unido serían “de relevancia muy limitada” para el caso estadounidense. Desde entonces, Patel ha retrasado la firma de una solicitud de extradición para alguien que actualmente está siendo juzgado en el Reino Unido por delitos en gran medida similares. Pero ahora ese caso está llegando a su fin y Lynch podría estar quedándose sin opciones. “Podría enfrentarse a una cantidad significativa de tiempo en prisión si es declarado culpable de los 17 cargos de fraude”, dice Ryder sobre los cargos penales estadounidenses contra Lynch.
El caso pone de relieve una curiosidad en los procedimientos judiciales paralelos de doble vía. “Tenemos una situación en la que un ciudadano del Reino Unido, con sede en el Reino Unido, es acusado de fraude contra una empresa estadounidense”, dice Thomas Cattee, abogado del bufete de abogados británico especializado en inmigración Gherson, que ha estado siguiendo el caso judicial de Lynch. Esa empresa estadounidense utilizó los tribunales del Reino Unido para iniciar una acción civil. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos posteriormente quiere presentar cargos penales contra Lynch en Estados Unidos. “Hay una gran cantidad de factores en juego aquí”, dice Cattee, quien en un bufete anterior trabajó en el caso del hacker escocés Gary McKinnon, quien logró evitar su extradición a Estados Unidos gracias a la intervención de la entonces ministra del Interior, Theresa May.
Lynch se encuentra atrapado en una disputa transatlántica que los expertos legales han calificado de inédita. Patel se ha visto en una posición complicada: tras firmar el documento de extradición, aparentemente ha afirmado que los procedimientos legales estadounidenses tienen prioridad sobre un caso en el Reino Unido. Su decisión es también otro recordatorio del desequilibrio percibido en el acuerdo de extradición entre el Reino Unido y los EE. UU. En última instancia, los fiscales estadounidenses podrían utilizar los términos del tratado de extradición de 2003 firmado entre los EE. UU. y el Reino Unido, que permite a los EE. UU. extraditar a ciudadanos británicos por presuntos delitos según la ley estadounidense, incluso si se alega que esos delitos ocurrieron en el Reino Unido, pero no al revés. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con ese punto de vista. “La narrativa en relación con el desequilibrio percibido a menudo es ajena a los tribunales”, dice Richard Cannon, socio de Stokoe Partnership Solicitors, que se especializa en defensa penal y litigios civiles. “Es muy rara vez, en mi experiencia, algo que los tribunales pueden o quieren considerar”.
A pesar de ello, el caso está siendo seguido con atención debido a las cifras alarmantes implicadas y sus implicaciones para la comunidad tecnológica y empresarial del Reino Unido. La preocupación es que el caso Lynch pueda crear un precedente en torno a la primacía de un sistema jurídico sobre el otro. “Creo que Estados Unidos tiene poderes más agresivos en términos de perseguir este tipo de casos contra personas que no están en el Reino Unido”, dice Cattee. “Creo que simplemente hay una sensación general de injusticia”, añade.
Esta historia apareció originalmente en wired.com.