La gente se reúne alrededor del ataúd del sacerdote y activista católico asesinado Marcelo Pérez durante una misa en la plaza principal de San Andrés Larráinzar, estado de Chiapas, México, el lunes.
Isabel Mateos/AP
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SAN ANDRÉS LARRAINZAR, México — Cientos de personas se reunieron el lunes para llorar al sacerdote católico Marcelo Pérez, un activista de los pueblos indígenas y trabajadores agrícolas que fue asesinado en el estado de Chiapas, en el sur de México.
Fue un asesinato que muchos consideran una tragedia anunciada, en un estado donde los cárteles de la droga han provocado que miles de personas huyan de sus hogares.
Los dolientes se reunieron en San Andrés Larrainzar, cerca de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde Pérez fue asesinado el domingo.
Pérez, un destacado activista por la paz en el estado devastado por la violencia, era de San Andrés Larrainzar. El lunes se celebró una misa en su honor en español y tzotzil, el idioma indígena que hablaba.
Pérez, de 50 años, había recibido amenazas frecuentes, pero aun así seguía trabajando como activista por la paz. Los defensores de los derechos humanos dijeron que Pérez no recibió la protección gubernamental que necesitaba.
“Durante años insistimos en que el gobierno mexicano debía atender las amenazas y agresiones en su contra, pero nunca implementaron medidas para garantizar su vida, seguridad y bienestar”, escribió el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Si bien no hubo información inmediata sobre los asesinos (la presidenta Claudia Sheinbaum solo dijo que “se están llevando a cabo investigaciones”), los esfuerzos de paz y mediación del reverendo Pérez pueden haber enojado a uno de los dos cárteles de la droga que actualmente luchan por el control de Chiapas.
El Estado es una ruta lucrativa para el contrabando tanto de drogas como de inmigrantes.
“El padre Marcelo Pérez fue objeto de constantes amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado”, según el centro de derechos, y agregó que su asesinato “se produjo en el contexto de una grave escalada de violencia contra la población en todas las regiones de Chiapas.”
Durante al menos los últimos dos años, los carteles de Sinaloa y Jalisco han estado involucrados en sangrientas batallas territoriales que implican matar a familias enteras y obligar a los aldeanos a tomar partido en la disputa. Cientos de residentes de Chiapas han tenido que huir a la vecina Guatemala por su propia seguridad.
“Deberían buscar una forma inteligente de desarmar a esos grupos”, dijo el cardenal Felipe Arizmendi, quien alguna vez fue obispo de la zona. “No deberían esperar a que la gente presente denuncias, y la gente va a presentar denuncias porque sus vidas están en riesgo”.
Junto con la continua violencia del narcotráfico en el estado norteño de Sinaloa y el asesinato de seis inmigrantes por parte del ejército a principios de este mes, el asesinato de Pérez fue otra vergüenza para el gobierno.
Sheinbaum asumió el cargo el 1 de octubre y se comprometió a seguir la política de su predecesor y mentor, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, de no confrontar a los cárteles de la droga. La política no ha logrado reducir significativamente la violencia.
“Esto es un reflejo de todo el país”, dijo el cardenal Arizmendi tras la misa por Pérez. “No deberían decir que en México todo está bien. Por favor”. continuó. “Esta estrategia no ha funcionado”.
La fiscalía estatal dijo que el reverendo Pérez fue asesinado a tiros por dos hombres armados cuando estaba en su camioneta, justo después de terminar de celebrar la misa.
Sirvió en la comunidad durante dos décadas y era conocido como negociador en conflictos en una región montañosa de Chiapas donde abundan el crimen, la violencia y las disputas por tierras. Pérez también encabezó varias marchas contra la violencia, lo que le ha valido varias amenazas de muerte.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que Pérez era el séptimo activista de derechos humanos asesinado en México en lo que va de 2024.
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