PHOENIX (AP) — Una audiencia de tres días sobre si se desestimarán los cargos contra los republicanos acusados de conspirar para revocar los resultados de la reñida carrera presidencial de 2020 en Arizona concluyó el miércoles con los fiscales insistiendo en que su caso no tiene motivaciones políticas después de que los acusados argumentaran que su presunta conducta era la libertad de expresión protegida por la constitución.
¿De qué se trata el caso?
El juez del Tribunal Superior del condado de Maricopa, Bruce Cohen, está considerando las solicitudes de al menos una docena de las 18 personas acusadas en abril para que se desestimen los cargos de fraude, conspiración y falsificación. Entre los acusados en el caso se encuentran 11 personas que presentaron un documento en el que afirmaban falsamente que Donald Trump derrotó a Joe Biden en Arizona, dos exasesores de Trump y cinco abogados relacionados con Trump, incluido Rudy Giuliani.
Trump no fue acusado, pero en la acusación se hizo referencia a él como co-conspirador no acusado.
La acusación formal alega que Giuliani presionó a los funcionarios del condado de Maricopa y a los legisladores estatales para cambiar los resultados de las elecciones y alentó a los electores republicanos del estado a votar por Trump a mediados de diciembre de 2020. La acusación formal dice que Giuliani difundió acusaciones falsas de fraude electoral en Arizona y presidió una reunión en el centro de Phoenix donde afirmó que los funcionarios no hicieron ningún esfuerzo por determinar la precisión de los resultados de las elecciones presidenciales.
Los fiscales insisten en que el caso no tiene motivaciones políticas
El fiscal Nicholas Klingerman le dijo al juez el miércoles que fue un gran jurado de Arizona el que emitió las acusaciones y que la fiscalía no está motivada por animadversión hacia los republicanos.
“Este proceso no implica nada más que hacer cumplir la ley contra quienes presuntamente han cometido fraudes, falsificaciones y conspiraciones para alterar el resultado de una elección legítima porque no estaban satisfechos con los resultados”, dijo Klingerman. “Y como todos los procesos penales, busca castigar el comportamiento anterior, educar al público y disuadir futuros intentos de hacer lo mismo”.
“El hecho es que el estado le pidió al gran jurado que considerara no acusar a más republicanos de los que el gran jurado realmente acusó”, agregó Klingerman. “El estado le pidió al gran jurado que considerara no acusar a Donald Trump”.
En una declaración emitida después de la audiencia, el fiscal general demócrata de Arizona, Kris Mayes, describió las mociones de los acusados como un esfuerzo por “desviar la atención de los hechos de este caso y enturbiar las aguas ante la opinión pública”.
“Permítanme ser claro: las acusaciones en este caso no tuvieron motivaciones políticas”, dijo Mayes.
Los abogados defensores basan su caso en un argumento de libertad de expresión
Los abogados defensores argumentaron esta semana que Mayes ha utilizado la acusación para silenciar el discurso protegido constitucionalmente de sus clientes sobre las elecciones de 2020 y las acciones tomadas en respuesta a su resultado.
Citaron una ley de Arizona que prohíbe el uso de acciones legales infundadas en un intento de silenciar a los críticos. También dijeron que Mayes hizo campaña investigando a los electores falsos y mostró un sesgo contra Trump y sus partidarios.
¿Cuál es la ley que citan los abogados defensores?
La ley en cuestión, comúnmente conocida como estatuto anti-SLAPP, había ofrecido durante mucho tiempo protecciones contra demandas civiles antes de que fuera enmendada en 2022 por la Legislatura liderada por los republicanos para cubrir a las personas que enfrentan la mayoría de los cargos penales.
Establece que en una acción legal que involucra el ejercicio legal de ciertos derechos, como la libertad de expresión, las personas pueden presentar una moción de desestimación y deben demostrar que la acción legal está “sustancialmente motivada” por un “deseo de disuadir, tomar represalias o prevenir el ejercicio legal de un derecho constitucional”.
La ley anti-SLAPP no se ha utilizado en un caso penal desde que se modificó en 2022, según un portavoz de Mayes.
Los fiscales sostienen que la ley de Arizona no se aplica a este caso, pero el juez presionó a Klingerman el miércoles sobre lo que él considera actos ilegales presuntamente cometidos por los acusados.
“Estoy realmente preocupado por la diferencia entre el discurso y los actos”, dijo Cohen.
¿Cuándo decidirá el juez sobre las mociones de desestimación?
Cohen dijo el martes que decidiría por separado sobre cada moción, posiblemente en momentos diferentes, pero no indicó el miércoles cuándo emitiría los fallos.
Jenna Ellis, ex abogada de la campaña de Trump, que trabajó estrechamente con Giuliani, firmó un acuerdo de cooperación con los fiscales que llevó a la desestimación de los cargos contra ella. La activista republicana Loraine Pellegrino se convirtió en la primera persona condenada en el caso de Arizona cuando se declaró culpable de un delito menor y fue sentenciada a libertad condicional.
Los demás acusados se han declarado inocentes. Su juicio está previsto para el 5 de enero de 2026.
El exjefe de gabinete presidencial de Trump, Mark Meadows, está tratando de trasladar sus cargos a un tribunal federal, donde sus abogados dicen que buscarán la desestimación.
___
Esta historia ha sido corregida para mostrar que los abogados defensores no presentaron argumentos el miércoles.
___
El periodista de Associated Press Gabriel Sandoval en Phoenix contribuyó a este informe.
Josh Kelety y Jacques Billeaud, The Associated Press