Por otra parte, se está estudiando la posibilidad de introducir una serie de modificaciones al Código de Insolvencia y Quiebra (IBC) para corregir las deficiencias de la ley. “Estas reformas tienen por objeto acelerar la recuperación de los préstamos, dar más respaldo legal a los tribunales de recuperación y abordar las tácticas dilatorias de los prestatarios en el proceso de recuperación”, dijo un funcionario del gobierno al tanto de los avances.
La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, en su discurso presupuestario de julio, dijo que el gobierno tomará medidas para reformar y fortalecer los DRT.
“Se establecerán tribunales adicionales para acelerar la recuperación”, dijo.
Los cambios que se están considerando se basan en las propuestas de un comité del Ministerio de Finanzas.
Abordar los desafíos
“Una de las recomendaciones es darle respaldo legal a los avisos de recuperación que envían las instituciones financieras a través de medios electrónicos, incluidos correos electrónicos y mensajes al número móvil registrado de los acreditados”, explicó otro funcionario.
La Ley de Titulización y Reconstrucción de Activos Financieros y Ejecución de Garantías (Sarfaesi) fue modificada por última vez en 2016.
El gobierno también buscará abordar los desafíos legales relacionados con la transferencia de todos los casos de más de 100 millones de rupias a los tres tribunales designados en Delhi, Chennai y Mumbai. “Esa decisión ha sido impugnada y, en algunos casos, los apelantes también obtuvieron una suspensión. El gobierno puede hacer las modificaciones necesarias”, dijo un alto ejecutivo del banco.
En 2022, el gobierno emitió una notificación según la cual todas las solicitudes que involucraran montos de deuda de 100 millones de rupias o más que cayeran bajo la jurisdicción de los DRT serían tramitadas por tribunales exclusivos en las tres ciudades. Ese mismo año, el Tribunal Superior de Bombay había pedido al gobierno que hiciera las modificaciones necesarias para dar respaldo legal a este asunto.
A principios de este año, el Ministerio de Finanzas, tras una reunión de revisión para mejorar la eficacia de los DRT, ordenó a los bancos que realizaran revisiones periódicas del desempeño de los abogados designados y racionalizaran la asignación de sus casos, teniendo en cuenta su desempeño. Se ordenó además a los bancos que garantizaran la presencia de sus funcionarios en todas las audiencias de sus respectivos casos ante foros judiciales.
Según datos del Gobierno, al 21 de enero había 215.000 casos pendientes en los DRT, de los cuales 185.000 casos estaban pendientes durante más de 180 días.