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Missouri ejecutó a un hombre condenado a muerte el martes, a pesar de las objeciones de los fiscales que buscaban revocar su condena y apoyaron sus afirmaciones de inocencia.
Marcellus “Khaliifah” Williams, de 55 años, fue asesinado mediante inyección letal, poniendo fin a una batalla legal que provocó una indignación generalizada luego de que la oficina que originalmente juzgó el caso sugirió que fue condenado injustamente.
En una medida extraordinaria condenada por defensores de los derechos civiles y legisladores de todo Estados Unidos, el fiscal general republicano de Missouri, Andrew Bailey, siguió adelante con la ejecución contra los deseos de la fiscalía del condado de St. Louis.
Williams fue declarado culpable del asesinato en 1998 de Lisha Gayle, trabajadora social y ex periodista del St Louis Post-Dispatch. Fue acusado de entrar en la casa de Gayle, apuñalarla hasta la muerte y robar varias de sus pertenencias.
Pero ninguna evidencia forense vinculó a Williams con el arma homicida o la escena del crimen, y como los fiscales locales renunciaron a su condena, la familia de la víctima y varios jurados del juicio también dijeron que se oponían a su ejecución.
“Todos debemos cuestionar cualquier sistema que permita que esto ocurra. La ejecución de una persona inocente es la manifestación más extrema de la obsesión de Missouri por la ‘finalidad’ en lugar de la verdad, la justicia y la humanidad, a cualquier precio”, dijo Tricia Rojo Bushnell, abogada de Williams, en una declaración justo antes de la ejecución. “Esta noche, todos somos testigos del grotesco ejercicio del poder estatal por parte de Missouri. Que no sea en vano. Esto nunca debería suceder y no debemos permitir que continúe”.
Williams, que se desempeñó como imán en su prisión y dedicó su tiempo a la poesía, vio suspendida su ejecución en dos ocasiones en el último minuto. En enero de 2015, estaba a días de ser ejecutado cuando la Corte Suprema del estado de Missouri concedió a sus abogados más tiempo para realizar pruebas de ADN. En agosto de 2017, Eric Greitens, el gobernador republicano en ese momento, concedió un indulto horas antes de la ejecución programada, citando las pruebas de ADN realizadas al cuchillo, que no mostraron rastros del ADN de Williams.
Greitens creó un panel para revisar el caso, pero cuando Mike Parson, el actual gobernador republicano, asumió el cargo, disolvió esa junta y presionó para que se prosiguiera con la ejecución.
En enero, Wesley Bell, el fiscal demócrata de San Luis que ha defendido las reformas de la justicia penal, presentó una moción para revocar la condena de Williams. Bell citó que las repetidas pruebas de ADN habían demostrado que las huellas dactilares de Williams no estaban en el cuchillo.
“El asesino de la Sra. Gayle dejó tras de sí una cantidad considerable de pruebas físicas. Ninguna de esas pruebas físicas puede vincularse con el Sr. Williams”, escribió su oficina, y agregó: “Nuevas pruebas sugieren que el Sr. Williams es en realidad inocente”. También afirmó que el abogado de Williams en ese momento fue ineficaz.
Sin embargo, pruebas adicionales realizadas al cuchillo revelaron que el personal de la fiscalía había manipulado incorrectamente el arma después del asesinato, tocándola sin guantes antes del juicio, según informó la oficina de Bell. Un experto forense testificó que el manejo inadecuado del arma hizo imposible determinar si las huellas dactilares de Williams podrían haber estado en el cuchillo antes.
En agosto, Williams y los fiscales llegaron a un acuerdo para detener su ejecución: se declararía culpable de asesinato en primer grado a cambio de una nueva sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Sus abogados dijeron que el acuerdo no era una admisión de culpabilidad y que su objetivo era salvarle la vida mientras buscaba nuevas pruebas para demostrar su inocencia. Un juez aprobó el acuerdo, al igual que la familia de la víctima, pero el fiscal general lo impugnó y la Corte Suprema del estado lo bloqueó.
Los últimos esfuerzos de los abogados de Williams y de los fiscales de St. Louis no dieron resultado. En una declaración de culpabilidad durante el fin de semana, la oficina de Bell dijo que hubo “errores constitucionales” en el procesamiento de Williams y señaló el testimonio reciente del fiscal original, quien dijo que rechazó a un posible jurado negro porque parecía que podría ser el “hermano” de Williams. El jurado que lo condenó tenía 11 miembros blancos y un miembro negro.
El gobernador también rechazó el lunes la solicitud de clemencia de Williams, que señaló que la familia de la víctima y tres jurados apoyaron los pedidos de revocar su sentencia de muerte. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el martes una solicitud final para detener la ejecución, con el voto en contra de los tres jueces liberales.
El fiscal general argumentó ante el tribunal que el fiscal original negó motivaciones raciales para remover a los jurados negros y afirmó que no había nada indebido en tocar el arma homicida sin guantes en ese momento.
La oficina de Bailey también ha sugerido que otras pruebas apuntan a la culpabilidad de Williams, incluido el testimonio de un hombre que compartió celda con Williams y dijo que confesó, y el testimonio de una novia que afirmó haber visto objetos robados en el coche de Williams. Sin embargo, los abogados de Williams sostuvieron que ninguno de esos testigos era fiable, diciendo que habían sido condenados por delitos graves y que estaban motivados a testificar por una oferta de recompensa de 10.000 dólares.
Bailey y Parson no han comentado su decisión de anular los deseos de la familia de la víctima, pero han señalado el hecho de que los tribunales han confirmado repetidamente la condena de Williams a lo largo de sus años de apelaciones.
Bushnell, abogado de Williams del Midwest Innocence Project, elogió la “poesía evocadora” de Williams y dijo que había sido un “hombre amable y reflexivo, que pasó sus últimos años apoyando a quienes lo rodeaban en su papel de imán”.
“Aunque anhelaba volver a casa, es un hombre reflexivo que ha trabajado duro para superar la ira, la frustración y el miedo a una ejecución injusta, canalizando su energía hacia su fe y encontrando significado y conexión a través del Islam. El mundo será un lugar peor sin él”, afirmó.
Jonathan Potts, uno de los abogados de Williams, dijo al Guardian el lunes que el caso crearía más desconfianza en el proceso penal: “La única forma de crear confianza pública en el sistema de justicia es si el sistema está dispuesto a admitir sus propios errores… El público está viendo el sistema de justicia en su forma más disfuncional aquí”.
Michelle Smith, codirectora de Missourians to Abolish the Death Penalty, dijo en una entrevista antes de su ejecución que consideraba a Williams un mentor: “Significa mucho para mucha gente. Es un amigo, un padre, un abuelo, un hijo. Es un maestro. Es un consejero espiritual para muchos otros jóvenes”.
Smith dijo que esperaba que su caso ayudara al público a comprender que “la pena capital no funciona”.
“Conozco gente que dice: ‘No deberíamos matar a gente inocente, pero, aparte de eso, creo en la pena de muerte’. Pero si crees en el sistema, eso significa que no te importa que maten a gente inocente, porque el sistema no es perfecto. Va a matar a gente inocente”.
Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, dijo que no sabía de otro caso en el que alguien fuera ejecutado después de que un fiscal en funciones objetara y confesara errores constitucionales que socavaron la condena. Desde 1973, al menos 200 personas condenadas a muerte han sido exoneradas, según su grupo.
La ejecución de Williams es una de las cinco programadas en Estados Unidos en un período de una semana. El viernes, Carolina del Sur ejecutó a un hombre días después de que el principal testigo del estado se retractara de su testimonio.